“Galimatías burocrático” el nuevo Sistema Nacional Anticorrupción

Sin embargo, el senador Alejandro Encinas, presidente de la Comisión de Estudios Legislativos Segunda, afirmó que la nueva ley fue aprobada tras un “proceso escabroso” que puso en evidencia “las peores prácticas del Senado”.

Encinas lamentó que el nuevo sistema no incluya delitos como el soborno, así como la eliminación de todo tipo de fuero constitucional a los servidores públicos, el tráfico de influencias, lavado de dinero, paraísos fiscales, así como la rendición de cuentas del origen de las fortunas de los hombres más ricos del país.

El senador del PT, Manuel Bartlett, criticó el nuevo sistema nacional anticorrupción porque “es un galimatías que no llegará a ningún lado”, ya que la impunidad comienza desde arriba, desde el Presidente y los expresidentes de la República.

La senadora del PRD, Dolores Padierna, afirmó también que las nuevas leyes se quedan cortas porque no sancionan el conflicto de interés. Presentó un voto particular demandando establecer pilares básicos del nuevo diseño institucional para combatir la corrupción.

Fiscalía Anticorrupción sin autonomía plena

Al mismo tiempo, en comisiones el Senado aprobó las modificaciones a la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República y al Código Penal Federal para crear las fiscalías especializadas en materia de combate a la corrupción y para la atención a delitos electorales.

En la discusión sobre estas reformas, el PRD planteó su preocupación porque el dictamen disminuye las facultades y la autonomía de ambas fiscalías especializadas. Estas modificaciones “descafeínan”, afirmó el senador perredista Luis Humberto Fernández.

A su vez, la senadora independiente Martha Tagle Martínez afirmó que la propuesta de crear un fiscal anticorrupción “no sirve para nada, perdemos todo” porque será nombrado por la procuradora y se le quita al Senado la posibilidad de elegir al titular de esta nueva fiscalía.

La senadora del PRI Ivonne Liliana Álvarez argumentó que el fiscal anticorrupción sí pasará por la aprobación del Senado y que esta fiscalía tendrá atribuciones como investigar y perseguir delitos relacionados con la corrupción, salvo los cometidos por los propios servidores públicos de la PGR.

Las reformas al Código Penal castiga con 18 años de cárcel a los legisladores federales que reciban “moches” a cambio de gestiones ilícitas en el marco de la aprobación del Presupuesto de Egresos. El artículo 222 considera delito la asignación de recursos a cambio de una comisión, dádiva o contraprestación en dinero o especie.

Con información de Proceso.com.mx