Guadalupe y Calvo, rezagado en seguridad; Gobierno Estatal urge a la alcaldesa a sumarse al programa Centinela

El subsecretario Oscar González Luna señaló que la falta de colaboración del municipio frena la instalación del subcentro.
El Subsecretario General de Gobierno del Estado, Oscar González Luna, llamó a la alcaldesa de Guadalupe y Calvo, Ana Laura González, a firmar el convenio que permita instalar el subcentro Sentinela, herramienta tecnológica que fortalecería la vigilancia y atención a delitos en una de las zonas más conflictivas del estado.
El funcionario explicó que, a diferencia de otros municipios serranos como Guachochi, donde ya se trabaja de forma coordinada con el Estado, Guadalupe y Calvo permanece fuera del esquema debido a que la presidenta municipal no ha sometido el acuerdo al Cabildo para su aprobación; “no se puede avanzar si no hay voluntad local. La seguridad debe estar por encima de los colores políticos”, expresó.
González Luna resaltó que este proyecto busca un trabajo conjunto entre autoridades estatales, federales y municipales, tal como lo ha solicitado la presidenta Claudia Sheinbaum, con el objetivo de garantizar mayor cobertura de cámaras, monitoreo y despliegue policial en regiones afectadas por la violencia.
Además, indicó que la coordinación también se extiende hacia los estados vecinos de Sinaloa y Sonora, debido al flujo constante de grupos delictivos que operan entre fronteras; “los hechos violentos no respetan límites geográficos; por eso estamos reforzando la comunicación con las zonas militares de esos estados”, puntualizó.
Sobre las familias desplazadas por la violencia, el subsecretario mencionó que el Estado mantiene un censo y brinda apoyo con renta, educación, alimentación y atención médica, aunque reconoció que el fenómeno va en aumento.
“Nuestro principal propósito es que puedan regresar a sus lugares de origen y retomar su vida con seguridad y dignidad”, afirmó.
Finalmente, González Luna recordó que las personas afectadas pueden acudir a la Fiscalía General del Estado, donde existe una oficina especializada en la atención a víctimas del delito.










