Infiltrados por el narco, municipios serranos y del noroeste de Chihuahua, acepta gobierno estatal

Chihuahua, Chihuahua.-Las policías de los municipios chihuahuenses serranos y del noroeste fueron infiltradas por el narcotráfico, paulatinamente y con la complicidad de las anteriores autoridades, cuando se negó el problema que lacera a la Sierra Tarahumara y el noroeste.

En varios ayuntamientos el crimen organizado logró cooptar, además de los jefes policiacos, a directores de obras públicas y hasta alcaldes, confirma el secretario general de Gobierno de Chihuahua, César Jáuregui Robles.

Ante delitos de lesa humanidad en la Tarahumara, como matanzas, desapariciones masivas, desplazamientos forzados principalmente de comunidades indígenas, el gobierno anterior, el de César Duarte Jáquez, se mostró sordo, ciego, mudo y hábil para ocultar los números de la tragedia, dice.

De acuerdo con información de la Fiscalía General del Estado (FGE) y de inteligencia militar, por lo menos siete directores de policías municipales son miembros de grupos delictivos.

También hay 19 directores de Seguridad Pública Municipal que no han sido evaluados y siete más que reprobaron: los de Ascensión, Batopilas, Chínipas, Coronado, Guazapares, Guerrero y Santa Bárbara, quienes en cualquier momento podrían recibir el aviso de baja de la corporación.

En otros seis, según datos hemerográficos y testimonios de víctimas que han denunciado ante las autoridades o ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), también han actuado en complicidad con el crimen organizado.

En mayo de 2013 la administración anterior decretó que 65 ayuntamientos (excepto Juárez y Chihuahua) permitieran que la Policía Estatal Única se hiciera cargo de la seguridad.

En el decreto, firmado por el exgobernador Duarte, así como por el entonces titular de la FGE, por los alcaldes y directores de Seguridad Pública Municipal, se dan facultades a la PEU para hacerse cargo de la seguridad de sus respectivos municipios, así como de la capacitación y evaluación de sus efectivos.

Cualquier modificación del decreto (por tiempo indefinido) deberá hacerse de común acuerdo por las partes; en caso de que un ayuntamiento deseé derogarlo, tiene que hacerlo con 30 días naturales de anticipación.

Con información de: proceso.com