Arrastra Chihuahua 40 mil juicios laborales sin resolver

Con la obligación constitucional de migrar hacia un nuevo modelo de justicia laboral, las Juntas locales de Conciliación y Arbitraje de Chihuahua afrontan un rezago de 40 mil casos pendientes de resolver, sin aumento de personal e incluso con recortes presupuestales.

La reforma laboral aprobada en el Congreso federal en mayo de 2019 marcó como plazo el 2022 para que las juntas locales dejen de admitir quejas de los trabajadores, para dar paso a los tribunales laborales que serán los encargados de dar trámite a los conflictos obrero-patronales.

Siendo uno de los estados con mayor número de juicios laborales pendientes, Chihuahua tiene el reto de concluir en dos años los asuntos que arrastra desde hasta 29 años, de acuerdo con la información proporcionada por la Secretaría de Trabajo de Chihuahua a través de una solicitud de información.

De las seis juntas locales que hay en la entidad –Chihuahua, Juárez, Hidalgo del Parral, Delicias, Cuauhtémoc y Nuevo Casas Grandes–, es la de Juárez la que recibe un mayor número de casos cada año.

Solamente de enero a diciembre del año pasado ingresaron más de cinco mil asuntos nuevos, de acuerdo con datos proporcionados por Ismael Dávalos García, presidente de la Junta de Conciliación y Arbitraje de Juárez.

Con jurisdicción en los municipios de Ahumada, Praxedis G. Guerrero, Guadalupe, Asunción y Juárez, la junta local de la frontera cuenta actualmente con más de 20 mil juicios laborales abiertos.

Juárez, más asuntos… y menos recursos

Pese a la cantidad de juicios ingresados y a que se trata de la junta con más número de asuntos rezagados, la instancia de Juárez fue la única de las seis que recibió menos recursos para el ejercicio 2020, como se aprecia en el Presupuesto de Egresos del Estado de Chihuahua para este año.

Así, mientras las otras cinco juntas tuvieron un aumento de entre 2.4 y 7.2 por ciento, la de Juárez vio disminuidos sus recursos, pues pasó de 32.3 millones de pesos el año pasado a 31.3 para el ejercicio actual, indican los Presupuestos de Egresos estatales 2019 y 2020 respectivamente.

En total, el presupuesto de las juntas creció solamente 542 mil 351 pesos, de 74 millones 554 mil 931 pesos en 2019 a 75 millones 97 mil 282 pesos para este año.

Hacia agosto de 2019, las seis juntas acumulaban 39 mil 323 juicios laborales abiertos; para diciembre la cifra superó los 40 mil casos, informó la Secretaría de Trabajo.

A pesar de que cada año se reciben más juicios y de que corre el plazo para la entrada en vigor de los nuevos Tribunales Laborales, el Ejecutivo estatal en Chihuahua determinó disminuir el número de trabajadores en las juntas de Conciliación.

En el desglose del anexo del Presupuesto de Egresos 2020 se aprecia que hubo un recorte de 11 plazas entre el personal especializado de las juntas, respecto del año anterior, para quedar con un total de 115 trabajadores, entre presidentes de juntas ordinarias y especiales, secretarios, conciliadores, representantes, inspectores del trabajo y ministros ejecutores.

Con los recortes presupuestales y de personal a cuestas, la junta de Juárez tiene como meta resolver mil 800 casos este año, con miras a aumentar la conciliación durante 2020, indicó Dávalos.

De acuerdo con el presidente de esa instancia en la ciudad, la capacitación que ha recibido el personal a su cargo y el rediseño del funcionamiento interno han permitido que en los últimos dos años se reduzca el tiempo de resolución de los conflictos laborales.

“Pasamos de 650 resoluciones en 2016 a mil 426 en 2019. Hemos saneado los procesos internos y eso nos ha permitido reducir el promedio de resolución que en 2016 era de cinco años y ahora estamos alrededor de los dos años y siete meses para que un trabajador pueda ver su caso terminado”, asegura el funcionario.

Hasta 2016, afirma, el 25 por ciento de los juicios se resolvía por la vía del convenio, una cifra que se encuentra ahora en el 38 por ciento.

Sobre las metas de resolución proyectadas por la Junta de Conciliación y Arbitraje de Juárez, el abogado Jorge Iván Muñiz considera que, aunque han mejorado los tiempos de resolución, todavía hay muchos procesos que necesitan mejorar.

“Sí van a poder con los asuntos pero no creo que lleguen a esos números porque si eso fuera no tendrían tantas demandas pendientes. Actualmente por ley deben estar presentes un presidente de la junta y dos representantes y eso no sucede, con la reforma es muy difícil que un juez se vaya a dar abasto con tantos juicios”, indica el abogado del despacho GVA.

Otro de los temas a considerar, indica, es que la mayoría de los asuntos relacionados con la industria maquiladora no se resuelven en la etapa de la conciliación.

“Esos juicios son difíciles de negociar porque muchos abogados asesoran a sus clientes para que pidan una cantidad de dinero, porque saben de antemano que una empresa maquiladora no se va a ir de Juárez por esos asuntos y entonces se lleva mucho tiempo en llegar a la resolución”, acota Muñiz.

Yadira Gutiérrez, abogada con experiencia en el ámbito laboral, también reconoce que son los propios defensores los que a veces retrasan la duración de los juicios.

“Hay colegas que se dedican a no promover y que van dilatando los procesos, las audiencias”, apunta Gutiérrez.

Aunado a esas prácticas y a las fallas propias del sistema, la justicia laboral afronta otros obstáculos. Abogados y funcionarios señalan que si un trabajador ha iniciado un juicio en contra de una empresa pequeña, es probable que ésta se cambie de domicilio, lo que complica el seguimiento del proceso.

“Hemos visto casos de tortillerías, tiendas, distribuidoras de maquila que cambian de lugar, pasan la empresa a sus hijos y le cambian el nombre y ahí ya es casi imposible lograr que le paguen a un trabajador”, cuenta la abogada. Coincide en el señalamiento el presidente de la Junta de Conciliación y Arbitraje de Juárez, Ismael Dávalos.

El funcionario añade que al ser esta una ciudad con alta migración, muchos de los casos pendientes de resolución están así porque los trabajadores o los patrones han abandonado la ciudad, lo que dificulta o imposibilita cerrar los asuntos.

Dominan juicios de maquiladoras

Los resultados para 2019 de las estadísticas sobre relaciones laborales de jurisdicción local del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) 2019 indican que más del 50 por ciento de los conflictos de trabajo que hay en la entidad pertenecen a negocios de los sectores de la industria de manufactura y de comercio.

Más de nueve de cada diez conflictos laborales que llegan a las juntas tienen que ver con despidos injustificados, de acuerdo con Dávalos.

Al respecto, Muñiz reclama que a la par de la reforma deben modificarse algunos aspectos que resultan anacrónicos, especialmente con la industria maquiladora.

“En la Ley Federal del Trabajo hay un artículo que establece la obligación de los patrones de que conserven y exhiban en juicio tarjetas checadoras con relojes checadores. Si el patrón no exhibe esas tarjetas, se tienen por cierto los dichos de la parte acusadora, pero actualmente ninguna maquiladora tiene esos sistemas”, explica.

A las demandas por despidos, le siguen en número las del incumplimiento patronal con el pago de utilidades.

“Del pago de utilidades vemos que el comportamiento es estacional y que se trata de juicios que la mayoría de las ocasiones se resuelven más rápido por la naturaleza del asunto”, refiere el presidente Dávalos.

Mientras Chihuahua se prepara con actualizaciones, cursos y metas para el desahogo de asuntos pendientes, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social de la Federación planea en el 2022 iniciar con la etapa de formación de los tribunales locales que, de acuerdo con cálculos de la dependencia estatal, costaría alrededor de 184 millones de pesos.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con información de: eldiariodechihuahua.com