Pedirá Congrese a Lozoya que informe sobre situación de Policías por casos de Policholo y Robocop

El Congreso del Estado de Chihuahua aprobó dictámen que exhorta al presidente municipal de Parral, Alfredo Lozoya, a que informe y precise de forma cuantitativa si todos los policías que laboran en Seguridad Pública cuentan con los procedimientos de evaluación y control de confianza y, sobre todo, si estos se encuentran vigentes.

Lo anterior, luego de los recientes casos de la detención por parte de la Fiscalía General del Estado de dos oficiales en activo, presuntamente relacionados con la desaparición de jóvenes enfermeros y debido, también, a que el alcalde Lozoya Santillán se deslindó del tema argumentando que dichos elementos habían ingresado a la corporación en administraciones pasadas.

Se trata, específicamente, de quienes son más conocidos por sus alias, que por sus nombres, siendo el Policholo y el Robocop, ambos enfrentando bajo prisióm preventiva procesos de vinculación por desaparicióó forzada de personas y quienes, al momento de ser aprehendidos, se encontraban vigentes en las filas de Seguridad Pública, aunque uno de ellos, con supuesta licencia.

Cabe destacar que la iniciativa aprobada este jueves en el Congreso local, fue presentada el pasado mes de julio por el diputado priista Omar Bazán, en la que solicitaba, específicamente al munícipe Alfredo Lozoya, como principal responsable de velar por la seguridad de los parralenses, informar las acciones para prevenir la infiltración del crimen organizado en la corporación preventiva a su cargo, sin demeritar el esfuerzo que realizan los buenos policías a favor de sus comunidades.

Es importante -especifica el dictámen-, que el presidente de Parral precise el estado que guarda la aplicación de los exámenes de control de confianza a los elementos de la corporación preventiva, ya que el caso de los enfermeros desaparecidos y las versiones públicas, donde el trasfondo se relaciona con el delito de trata de personas, “no es cosa menor”, subrayó Bazán Flores.

Es por ello que presentó una iniciativa con carácter de Punto de Acuerdo para que el Congreso exhorte al Alcalde que informe y precise las acciones que está tomando, pues “debe aplicar con rigor todos los protocolos para descartar la participación de servidores públicos en la operación de cualquiera de las organizaciones delictivas que operan en la entidad, llegando hasta las últimas consecuencias y sin la exclusión”, considera.

El legislador indicó que el crimen organizado, generalmente a través del dinero o de la extorsión y amenazas, siempre ha logrado colocar personas que son subordinadas de los mismos, bloqueando así la aplicación de la justicia y usando los elementos de las corporaciones policiales para su beneficio.

Por otro lado, el Pleno del Congreso consideró improcedente la iniciativa de pedir a la FGE que llevara a cabo una investigación exhaustiva de los exámenes de confianza, en razón de que las entidades federativas no realizan estas verificaciones.