De juez electo a detenido por la Fiscalía Anticorrupción, el caso de Manuel Jurado en Parral

En pocos meses, el juzgador pasó de ganar la elección judicial y asumir un cargo penal a enfrentar una suspensión, una investigación y ahora una detención

Manuel Jurado Torres pasó en cuestión de meses de convertirse en juez penal de Primera Instancia del Distrito Judicial Hidalgo, tras la elección judicial de 2025, a quedar suspendido de sus funciones, bajo investigación de la Fiscalía Anticorrupción y finalmente detenido este jueves.

El joven juzgador, originario de Hidalgo del Parral, quedó en el centro de la polémica a partir de sus decisiones dentro del caso de la maestra Edna Marilin Chávez Loya, quien murió el 2 de febrero de 2026 luego de ser atropellada presuntamente por su pareja sentimental. La Fiscalía Especializada de la Mujer planteó el caso bajo la hipótesis de feminicidio y señaló como probable responsable a Juan de Dios V. M.

En las primeras actuaciones, Jurado declaró legal la detención del imputado. Posteriormente, al resolver su situación jurídica, reclasificó la acusación presentada por la Fiscalía y vinculó al hombre a proceso por homicidio imprudencial, en lugar de feminicidio. La determinación generó inconformidad entre familiares de la víctima, colectivos y autoridades, mientras la Fiscalía General del Estado sostuvo que existían elementos para continuar la investigación bajo la clasificación de feminicidio.

A la controversia se agregaron señalamientos de una posible cercanía entre Jurado y Juan Carlos Payán, abogado defensor del imputado. Familiares de Edna llevaron estos argumentos ante el Tribunal de Disciplina Judicial, al considerar que podía existir un conflicto de interés. Se trata de acusaciones formuladas contra el juzgador que, por sí mismas, no significan que se haya acreditado una conducta ilícita.
El 6 de marzo, el Tribunal de Disciplina Judicial determinó una suspensión cautelar inmediata contra Manuel Jurado mientras se investigaba su actuación. Francisco Acosta Molina, presidente de ese órgano, explicó en su momento que se trataba de una medida cautelar y no de una resolución definitiva sobre la responsabilidad del juez.

La determinación fue señalada además como la primera suspensión de este tipo emitida por el recién creado Tribunal de Disciplina Judicial.
El caso de Edna no fue el único expediente que puso bajo escrutinio las decisiones del juzgador. También trascendió el caso de Julio César M. V., quien había sido vinculado a proceso por delitos relacionados con una agresión sexual y violencia contra una mujer. Según la información publicada, una juzgadora había impuesto prisión preventiva al acusado en octubre de 2025 y posteriormente Jurado intervino en una audiencia relacionada con la medida cautelar, tras la cual el imputado continuó su proceso en libertad.

Los cuestionamientos aumentaron el 11 de marzo, cuando la Fiscalía Anticorrupción de Chihuahua confirmó que había recibido una denuncia contra Jurado por su actuación dentro del expediente de Edna Marilin. El fiscal Anticorrupción, Abelardo Valenzuela Holguín, informó que la querella contenía señalamientos específicos sobre la resolución que modificó la clasificación jurídica del delito y que el expediente sería investigado.

En mayo, el propio Manuel Jurado reconoció públicamente que la investigación continuaba y manifestó que defendería su actuación jurídica en caso de que el procedimiento avanzara. Ahora, meses después, su detención coloca nuevamente su nombre en el centro de la investigación.
Antes de llegar al Poder Judicial, Jurado desarrolló prácticamente toda su trayectoria profesional dentro del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa. Es licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Chihuahua y comenzó en agosto de 2019 como escribiente de la Ponencia Tres.

Posteriormente se desempeñó como oficial jurisdiccional de la Ponencia Uno y más tarde quedó adscrito a la Secretaría General.
Durante su trayectoria acreditó experiencia en la elaboración de resoluciones de juicios contenciosos administrativos, procedimientos de responsabilidades administrativas y defensa de actos ante el Poder Judicial de la Federación, además de participar en trabajos relacionados con reformas legales y controversias constitucionales ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Su llegada al cargo de juez penal ocurrió después de la elección judicial de 2025, proceso mediante el cual buscó proyectar un perfil enfocado en los derechos humanos y las garantías de las personas sometidas a procesos penales. Sin embargo, el recorrido posterior estuvo acompañado por cuestionamientos sobre sus resoluciones y procedimientos disciplinarios.

A este historial se suma una sanción electoral derivada de la fiscalización de su campaña. Documentación oficial registra una multa de mil 131 pesos con 40 centavos, determinación que fue impugnada y posteriormente confirmada.

En aproximadamente un año, Manuel Jurado Torres pasó de participar en la primera elección popular de integrantes del Poder Judicial, ganar un cargo como juez penal y comenzar una nueva etapa profesional, a enfrentar una suspensión cautelar, una investigación de la Fiscalía Anticorrupción y ahora una detención que vuelve a poner su actuación bajo escrutinio.