Pobladores de Eloxochitlán demandan libertad absoluta del activista Miguel Ángel Peralta; temen parcialidad del Poder Judicial

Habitantes de Eloxochitlán demandan la libertad plena del antropólogo Miguel Ángel Peralta Betanzos, que sentaría jurisprudencia en las órdenes que pesan en contra de otros comunitarios presumiblemente respaldados por Elisa Zepeda Lagunas, diputada de Morena.

Pobladores de Eloxochitlán de Flores Magón, Oaxaca, demandan al Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal la libertad absoluta del activista Miguel Ángel Peralta Betanzos, quien enfrenta una condena de 50 años de prisión. La resolución tendrá un impacto directo al sentar un precedente en la comunidad que enfrenta 200 órdenes de aprehensión.

Miguel Ángel Peralta Betanzos, de 42 años de edad, es un defensor comunitario acusado sin pruebas de homicidio y tentativa de homicidio, tras un conflicto en Eloxochitlán, su comunidad. En 2019 obtuvo una sentencia absolutoria, pero en 2022 fue condenado a 50 años de prisión, por lo que el también antropólogo suma seis años fuera de su comunidad.

La acusación contra Peralta Betanzos y otros pobladores es impulsada principalmente por la diputada local de Morena, Elisa Zepeda Lagunas, quien acusó a 34 personas de haber matado a su hermano y a un policía municipal, lo que desató una persecución jurídica y provocó el desplazamiento forzado de decenas de familias.

Ahora, la resolución del tribunal responde al amparo directo 631/2022 promovido por Miguel Ángel y su defensa, luego de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación devolviera el caso en noviembre de 2024.

Se trata del último recurso jurídico para Miguel Ángel Peralta. El tribunal debe dictar una nueva resolución en la que analice su manifestación de autoadscripción y determinar si se respetaron sus derechos a la libre determinación, a la autonomía y al acceso a la jurisdicción del estado.

La nueva resolución debe analizar también dos nuevos peritajes antropológicos que constituyen pruebas.

Por los precedentes que sentará, esta resolución tendrá un impacto directo en toda la comunidad que enfrenta más de 200 órdenes de aprehensión reactivadas contra 56 personas de la comunidad mazateca.

Ante tal trascendencia, este 10 de octubre pobladores de Eloxochitlán realizarán una manifestación afuera del tribunal, en San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, para exigir a los magistrados que escuchen el reclamo de justicia, estudien de fondo las pruebas y den la libertad absoluta a Miguel Ángel Peralta Betanzos.

“Hay pruebas que nos respaldan”

Esta semana, pobladores de Eloxochitlán explicaron ante medios de comunicación los posibles escenarios que arrojará la resolución del tribunal. El ideal, de acuerdo con la abogada Araceli Olivos, es que conceda el amparo liso y llano que le da libertad a Miguel Ángel Peralta Betanzos, con lo que se sentaría un precedente y se haría extensivo para las otras personas de la comunidad que enfrentan acusaciones.

El peor escenario es que nieguen el amparo y continúe la sentencia de 50 años de prisión en su contra. Otra opción es que conceda el amparo, pero para reponer el juicio o con la intención de que sea devuelto a la Sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca.

Los pobladores acusaron que el grupo caciquil conformado por la familia Zepeda Lagunas en Eloxochitlán ha manipulado el sistema de justicia y ha mantenido un “asedio jurídico” en contra de las familias.

En la última década, la familia de Miguel Ángel Peralta Betanzos ha vivido varios ataques a manos del grupo encabezado por Manuel Zepeda y su hija Elisa Zepeda Lagunas.

El padre de Miguel, Pedro Peralta Carrillo, fue detenido de forma arbitraria y torturado en 2012, sin que la denuncia haya arrojado algún resultado. David, su hermano, narró que el 3 de abril fue atacado por el cacique mientras documentaba la extracción de material del río Xangá Ndá Ge. Relató cómo intentaron atropellarlo, le causaron lesiones y le robaron su cámara.

“No hemos estado del lado del poder y por eso no hemos tenido justicia, pero nos asiste la razón, hay pruebas que nos respaldan. Deseamos que nos den nuestra absoluta libertad”, enfatizó Miguel Ángel Peralta.

Peritajes evidencian cacicazgo

La abogada Araceli Olivos explicó que el tribunal admitió una prueba antropológica de contexto y nombró también a un perito oficial de la lista del Consejo de la Judicatura Federal.

Como resultado, se emitieron dos dictámenes que constituyen pruebas nuevas que el tribunal está obligado a estudiar y considerar en su análisis del caso. Los documentos reconocen que se ha logrado manipular el sistema de justicia para criminalizar a los pobladores que defienden su territorio y autonomía.

Los peritajes enfatizan que este conflicto se caracteriza por una marcada asimetría de poder político y económico, en la que el grupo dominante del que es parte la diputada morenista usa recursos para someter a la comunidad.

Además de los peritajes, Araceli Olivos destaca que existen amicus curiae —argumentos jurídicos externos que analizan el caso— por parte de la relatora especial sobre la independencia judicial de magistrados y abogados, Margaret Satterthwaite; así como de las organizaciones Indigenous Peoples’ Rights International y la Unidad de Litigio Estratégico en Derechos Humanos del Instituto Federal de Defensoría Pública (IFDP), en el sentido de que se hizo uso faccioso del sistema de justicia penal en contra de los defensores comunitarios.

Si bien el tribunal no está obligado a considerarlos, sí pueden dar una orientación de cómo proteger mejor los derechos de Miguel Ángel Peralta Betanzos.

Expectativa del nuevo Poder Judicial

La defensa advierte que la nueva reconfiguración del Poder Judicial sí podría afectar el caso. El Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal de Oaxaca se conforma por tres votos, uno de ellos es el del nuevo magistrado Jahaziel Reyes Loaeza, propuesto por el Poder Ejecutivo previo a la elección del 1 de junio.

Los otros integrantes son el magistrado ponente Víctor Hugo Cortés Sibaja y la magistrada Elizabeth Franco Cervantes, que será sustituida por un secretario de su ponencia, Carlos Abel de los Santos Sánchez.

En caso de que el proyecto que proponga Víctor Hugo Cortés Sibaja sea de reposición del proceso o de negar el amparo, explica la abogada Araceli Olivos, el voto del nuevo integrante podría ser fundamental para cambiar el sentido, ya que en la ponencia de la magistrada Elizabeth Franco hay una perspectiva más amplia respecto de no ir por una reposición.

“La figura de la nueva persona juzgadora es crucial. Fue propuesta por el Ejecutivo federal, a veces en esta nueva reconfiguración eso nos hace tener algunas dudas sobre la independencia porque podrían ser personas muy afines a Morena. En este caso aparece una diputada local de Morena con vínculos en el poder local y federal (…) Que el presidente (de la Suprema Corte de Justicia de la Nación) se haya tomado una fotografía no necesariamente envía un mensaje de complicidad con el grupo caciquil de Eloxochitlán, pero al menos nos da una idea”, aseguró.

El nuevo magistrado, añadió la abogada, fue juez en Oaxaca y se ha pronunciado a favor de no juzgar a personas con base en pruebas ilícitas. En su campaña, continuó, mandó mensajes de buscar una justicia pronta y defensora de derechos humanos, lo que tendría que reflejarse en su voto.

La diputada Elisa Zepeda Lagunas suele hacer publicaciones en sus redes digitales sobre la cercanía con autoridades judiciales. En ellas ha destacado su respaldo al nuevo ministro presidente de la Suprema Corte, Hugo Aguilar Ortiz, y su relación con la magistrada presidenta del Tribunal Superior de Justicia de Oaxaca, Erika Rodríguez, con quien publica fotografías.

Miguel Ángel Peralta hizo un llamado a la comunidad que involucra a 40 familias que pueden acceder a la justicia luego de una década. “Una cosa es el discurso de poner a un representante indígena en el Poder Judicial, y otra que resuelva a favor de los indígenas”.