CALIBRE POLÍTICO | COLUMNA

SENTENCIA. – El pasado alcanzó a Alfredo Lozoya y a su excompañero de campaña, Miguel Riggs, luego de que se les declarara responsables de haber destruido, en mayo de 2021, una vivienda en la colonia Punta Oriente de Chihuahua capital, como un acto arbitrario con el argumento de que era un “picadero”. Hoy, un juez los obliga a reponer la casa o cubrir su valor comercial, además de indemnizar a la familia afectada, incluidos los menores que ahí habitaban.
ESCÁNDALO. – Aquella noche, Lozoya y Riggs posaron ante reflectores con la demolición como bandera, prometiendo acabar con más casas “de vicio”. Vecinos y autoridades desmintieron la versión: nunca hubo reporte de narcomenudeo en el lugar. El terreno fue convertido después en un parque con media cancha de basquetbol, pero para los afectados significó la pérdida de su patrimonio. Tres años más tarde, la justicia les da la razón y deja a los políticos con una condena que exhibe la frivolidad con la que jugaron a ser justicieros.
IRONÍA. – Lo curioso es que el mismo día en que se hizo pública la resolución judicial, El Caballo apareció en Parral anunciando la construcción de 100 cuartos para familias necesitadas. Como si el karma le hubiera alcanzado, ahora promete edificar donde antes derribaba. De Punta Oriente a Parral, el discurso cambia, pero la sombra del pasado lo persigue: destruir una vivienda sin facultades legales y hoy presentarse como adalid de la vivienda digna.
REQUISITOS. – El programa anunciado en la Casa Naranja incluye cuartos de 4×3 metros con piso de cemento que se otorgarán a familias que cumplan con comprobantes de propiedad, estudios socioeconómicos y hasta la firma de un contrato de donación. Es decir, un plan social con tintes electorales que, en el mejor de los casos, beneficiará a cien hogares durante este año. El contraste es inevitable: mientras un juez ordena reponer lo que demolió en 2021, él ofrece cuartos nuevos como si nada hubiera pasado.
REFLEJO. – El mensaje de fondo es claro: el “Caballo” busca reposicionarse en Parral con acciones visibles, aun cuando su historial lo contradiga. En la política, la memoria es corta, pero la sentencia queda escrita. A la pregunta de si Lozoya construye para redimirse o para promocionarse, el tiempo dará respuesta. Lo cierto es que, por ahora, el diputado federal carga con un lastre judicial que lo coloca entre la ironía y la contradicción.
ABUCHEOS. – Tremendo momento vivió la regidora de Movimiento Ciudadano, Larissa Martínez, durante el primer informe de gobierno de Chava Calderón. Apenas tomó el micrófono para fijar postura crítica contra la actual administración, cuando los asistentes la recibieron con una rechifla.
DISCURSO. – Larissa, quien ya ha transitado por administraciones emecistas como regidora con Alfredo Lozoya y directora del DIF en tiempos de César Peña, intentó sostener que a Parral “le hace falta capitán”. Habló de retrocesos en obra pública, servicios, apoyos sociales y cultura, comparando los 50 millones ejercidos este año con los 200 que, según ella, se invirtieron en gobiernos anteriores.
RECUERDOS. – Pero lo que Martínez no esperaba fue el recordatorio público: la desaparición de los jóvenes enfermeros del 29 de mayo de 2018, tragedia ocurrida bajo la sombra de las administraciones naranjas en las que ella fue parte activa. El reclamo ciudadano no dejó pasar ese pasaje doloroso, interrumpiendo con fuerza el intento de discurso opositor.
MENSAJE. – La escena dejó en claro que la memoria colectiva pesa más que cualquier frase ensayada. Y que, para algunos, los gobiernos de MC —y sus protagonistas aún vigentes— siguen cargando con deudas que no se borran con discursos, ni mucho menos con poses en un informe ajeno.
VACANTE. – A propósito de Cabildo, pero en otro tema, la llegada de Edith Dorado como regidora responde a la salida de Avril Carmona Pérez, quien, tras ganar como jueza de lo familiar en el Distrito Hidalgo, dejó libre ese espacio y, en automático, su suplente tomó el lugar, pero con una narrativa que, aunque no lo dice con todas sus letras, deja entrever un deslinde del PRI y de los grupos que hoy lo controlan.
DISTANCIA. – En su presentación, Edith dejó claro que su compromiso es con la ciudadanía, no con intereses políticos ni partidistas. Ese matiz, que podría parecer un formalismo, en realidad representa un mensaje directo al Revolucionario Institucional: no llega para obedecer siglas, sino para empujar una agenda ciudadana. Un respiro fresco en un ambiente marcado por pleitos internos y desgaste de liderazgos.
PRI. – El tricolor debería preguntarse si con esta suplencia mantiene realmente una posición en Cabildo o si, en los hechos, la pierde. Porque Dorado Sáenz no comulga con la forma de hacer política del grupo que integran la propia exregidora, el diputado Guillermo Ramírez, el dirigente Julio Yáñez y la diputada federal Graciela Ortiz. Tampoco está del lado de la dupla de la síndica Dalila Villalobos y el regidor Vicencio Chávez, quienes, por cierto, se mantienen en pugna con el bloque antes mencionado.
INDEPENDENCIA. – Lo interesante es que Edith Dorado no le debe nada a ninguno de esos grupos, ni siquiera la suplencia en sí. Desde 2016 se ha dedicado a la iniciativa privada y no ha vivido de la política, lo que la coloca en una posición distinta: sin amarres, sin padrinos y sin deudas políticas. Esa autonomía podría convertirla en un factor incómodo para los que todavía ven en las regidurías un botín partidista.
OBSERVACIÓN. – A partir de ahora será interesante seguir su desempeño. ¿Se consolidará como una voz independiente dentro del Cabildo? ¿O terminará absorbida por la dinámica de un PRI que en Parral vive más de fracturas internas que de presencia real? Por lo pronto, el partido queda en entredicho: presume tener regidora, pero la regidora parece tener otros planes.
AJUSTES. – En otros asuntos, el que salió fortalecido de los reacomodos en la Fiscalía de Distrito Zona Sur fue Jesús David Flores Carrete, actual responsable de Control, Análisis y Evaluación, quien, desde esa posición, logró empujar la llegada de dos perfiles a regiones clave: Guillermo Hinojos, ahora en la Zona Sur, y Juan Carlos Portillo, quien deja justamente esa región para hacerse cargo de la Zona Occidente, en el no menos conflictivo Cuauhtémoc.
DESAHOGO. – El movimiento no es menor. Portillo, mejor conocido como “Tatos” —y rebautizado con sorna como “Tratos” por sus supuestos acercamientos con criminales— sale de una región en llamas: Guadalupe y Calvo, Guachochi y municipios aledaños donde la violencia se ha recrudecido al grado de colocar a la Sierra en los primeros planos de inseguridad nacional. Su relevo parece más un desahogo que un ascenso.
OPERATIVO. – En contraste, Guillermo Hinojos carga con un historial distinto. Su paso por el combate al narcomenudeo en la capital lo posiciona como un perfil curtido en la calle y no en la oficina. Su cercanía con Carlos Mario Jiménez, actual director jurídico de la FGE, le ha permitido escalar con el respaldo político suficiente para aterrizar en la conflictiva Zona Sur.
DUDAS. – Lo cierto es que los cambios, más allá del ajedrez interno, estarán a prueba frente a la realidad sangrienta del sur del estado. Los habitantes de la sierra nada esperan de los relevos, si la violencia sigue marcando la agenda. Los nombres cambian, pero la pregunta persiste: ¿habrá resultados, o solo se trata de “tratos” sin Tatos, pero entre los mismos de siempre?










