Confirman suspensión y ordenan frenar cambios del “marrazo judicial”

Un Tribunal Colegiado en Colima, confirmó la suspensión otorgada por un juez federal para frenar todas las acciones implementadas tras la aprobación de la Reforma Judicial, y emitió disposiciones para que el INE y Consejo de la Judicatura no participen en los cambios planteados al Poder Judicial.

Hoy, el Tribunal Colegiado del Trigésimo Segundo Circuito, con sede en el estado de Colima, confirmó la suspensión otorgada por el juez federal Francisco García Contreras, también de este estado, para detener las acciones de la Reforma Judicial.

En una sesión pública, se desechó un recurso de queja presentado por la Presidencia de la República sobre el tema.

La suspensión otorgada ordena al INE frenar la organización de las elecciones del Poder Judicial. Sin embargo, en días recientes, la presidenta del organismo electoral, Guadalupe Taddei, informó que aún no habían sido notificados de la resolución judicial.

Por otro lado, se solicita al Consejo de la Judicatura Federal que no implemente acciones para transferir recursos materiales, humanos y financieros al Tribunal de Disciplina Judicial, un órgano que será creado como parte de la Reforma Judicial.

En su resolución, el juez federal argumentó que la medida busca evitar la destrucción del Poder Judicial y preservar la división de poderes.

No obstante, durante el proceso de aprobación de la reforma, tanto el Congreso, el Senado, como la Presidencia de la República, hicieron caso omiso a diversas suspensiones que buscaban frenar el proceso legislativo y, finalmente, la publicación de la reforma en el Diario Oficial de la Federación.

Ahora, queda por ver la postura que tomarán el INE y el Consejo de la Judicatura Federal ante la resolución del juicio de amparo promovido por la Fundación Iris en Defensa y Promoción de los Derechos Humanos.

Hasta el momento, se desconoce el alcance de la resolución judicial, ya que otros amparos fueron ignorados bajo el argumento de que los jueces se exceden en sus facultades al contradecir mandatos establecidos en la Constitución.

En cualquier caso, el desacato a una orden judicial es un delito que debe ser investigado por la Fiscalía General de la República, donde podría existir una resistencia a lo ordenado por el juez federal por ir en contra de mandatos aprobados por el Poder Legislativo y promulgados por el Poder Legislativo dominados actualmente por el partido Morena.

Con información de: tiempo.com